El 20 de mayo del año 2000, más de una veintena de penalistas procedentes de distintos ámbitos de actividad firmaron en Barcelona el acta fundacional del Grupo de estudios de política Criminal. La Asociación nacía, según refleja el documento, con el fin de desarrollar e impulsar investigaciones y propuestas político-criminales a partir de presupuestos progresistas y de conformidad con los Estatutos que los promotores del Grupo ya habían elaborado.
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