• COMUNICADOS GEPC

    GEPC constituido en 1989 como un grupo permanente de trabajo dedicado a desarrollar e impulsar investigaciones y propuestas político-criminales a partir de presupuestos progresistas.
  • 1
  • Home
  • DOCUMENTOS
  • COMUNICADOS
  • Propuesta de reforma de los delitos de rebelión y sedición

Propuesta de reforma de los delitos de rebelión y sedición

Propuesta de reforma de los delitos de rebelión y sedición.pdf


 

NOTA DE PRENSA

PROPUESTA DE REFORMA DE LOS DELITOS DE REBELIÓN Y SEDICIÓN

Los delitos de rebelión y sedición cuentan con una prolongada tradición en nuestro ordenamiento punitivo, pudiendo encontrarse en los sucesivos textos penales españoles habidos desde el ya lejano Código Penal de 1822. La larga tradición legislativa de estos delitos, con apenas cambios entre los sucesivos Códigos penales, comporta que la gran mayoría de los preceptos que los regulan deban considerarse obsoletos.

Por ese motivo, el Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) ha elaborado una propuesta legislativa alternativa con la que no sólo se pretende adecuar los correspondientes tipos penales a la realidad social actual, sino también dar el debido cumplimiento a los principios limitadores del ius puniendi, evitando así la dudosa compatibilidad de la actual regulación con algunos de ellos como el de legalidad o el de proporcionalidad.

Partiendo de esas premisas se propone la tipificación de una serie de conductas que constituyen, todas ellas, graves ataques al funcionamiento del orden constitucional democrático. La más grave, castigada con pena de prisión de hasta 30 años, es la que integra el delito de rebelión, considerándose como tal la insurrección armada para subvertir el orden constitucional democrático. Complementa al delito de rebelión otro en el que se castiga, con pena de prisión de hasta 20 años, a quienes dirijan o ejecuten actos violentos, gravemente intimidatorios, o mediante el uso de instrumentos informáticos, que resulten idóneos para subvertir el orden constitucional democrático.

El GEPC estima que, entre estos dos delitos, que representan los ataques más graves al funcionamiento del orden constitucional democrático y los delitos contra el orden público, hay un espacio intermedio, que no puede ser ignorado, que es el que está llamado a ocupar el delito de sedición, considerado como el ataque menos grave al referido bien jurídico. A tales efectos, se considera sedición el alzamiento público con violencia, grave intimidación o por vías de hecho, idóneo para impedir u obstruir la aplicación de las leyes, de resoluciones judiciales o administrativas, o el ejercicio legítimo de sus funciones por cualquier autoridad o funcionario público, siempre que afecten de manera grave al funcionamiento del orden constitucional democrático. Para tales conductas se proponen penas que pueden llegar, en los casos más graves, hasta 10 años de prisión, pero que en su conjunto resultan inferiores a las actualmente previstas en el Código Penal.

El GEPC considera que esta propuesta actualiza de forma adecuada la vigente regulación de estos delitos, adaptando las consecuencias jurídico-penales a la lesividad de las conductas delictivas y ajustándolas a los límites constitucionales que todo el ordenamiento sancionador está obligado a observar.

En consecuencia, estimamos que procede la reforma, no sólo del delito de sedición, que en estos momentos parece que se está llevando a cabo, sino también del delito de rebelión, y que dicha reforma debe encuadrarse en una política criminal progresista, como la propuesta por el GEPC, que mantenga la protección de nuestro orden constitucional democrático con pleno sometimiento a los límites que lo configuran como tal.

 

Diciembre de 2020.

 

Copyright © 2021 Grupo de estudios de Política criminal. Todos los derechos reservados.