El Grupo de Estudios de Política Criminal se constituye con el fin de desarrollar e impulsar investigaciones y propuestas político-criminales a partir de presupuestos progresistas capaces de dar respuesta a las demandas que la sociedad genera en el ámbito de las leyes penales.

El 20 de mayo del año 2000, más de una veintena de penalistas procedentes de distintos ámbitos de actividad firmaron en Barcelona el acta fundacional

El 9 de febrero de 1991, un grupo de profesores, jueces y fiscales suscribieron en Sevilla la Declaración Programática del Grupo de estudios de política